En el mes de julio Microsoft fue la primera de las compañías que avisó de la situación actual. En ese momento reveló que el gobierno de Estados Unidos y sus agencias de inteligencia podrían acceder a los datos alojados en la nube de las compañías norteamericanas que operaran en Europa.Los datos privados de cualquier usuario podrían ser “consultados” en cualquier momento sin necesidad de que los individuos sean avisados. Pues bien, pasado un mes, Google es la primera compañía en admitir que ha estado entregando los datos de sus usuarios europeos a las agencias de inteligencia del país. La razón, la conocida como USA Patriot Act.
Lo que tenemos delante es un caso de choque de leyes entre las que se rigen en la propia Unión Europea y las de Estados Unidos. Patriot Act se impone para todas las compañías con base en Estados Unidos, las cuales son obligadas a actuar por encima de las leyes europeas aún trabajando en el territorio. La ley impuesta en Estados Unidos da derecho a las agencias a pedir y tener acceso a cualquier dato personal de las empresas, las cuales están obligadas a ceder y no revelar a los usuarios la entrega de estos datos. Se trata de una controvertida ley que se estableció como herramienta para luchar contra el terrorismo, ahora traspasado al mapa digital.
Tras la revelación de Microsoft de una situación que “se podría dar”, ahora es Google la primera empresa norteamericana que admite esta entrega de datos, una entrega sin autorización ni aviso a los usuarios europeos amparándose en el cumplimiento de las peticiones que le hacían las agencias de inteligencia de Estados Unidos.
¿Y qué dice la Unión Europea de todo esto? Aunque aún no se han manifestado, es muy probable que exista una violación de los términos de las leyes del continente en cuánto a la protección de datos, por lo que la probabilidad de que se abra una investigación oficial es alta. En el caso de las empresas con base en Estados Unidos y operando con sus centro de datos en Europa (Microsoft, Google, Amazon, etc. ) se encuentran en una situación complicada. Se deben a las leyes de su país, pero trabajan en territorio donde sus términos de servicios deben modificarse.
Difícil imaginar que la Unión Europea no tome cartas en el asunto ya que la legislación exige a las empresas a proteger la información personal de los ciudadanos de la Unión.
