Tras este cambio de parecer, la ESA ha lanzado un comunicado en el que pide a las autoridades que vuelvan a "centrar sus energías en crear una solución que equilibre eficazmente los intereses creativos y tecnológicos. Como industria de innovadores y creadores, entendemos la importancia tanto de la innovación tecnológica como de la protección de contenidos, y estamos comprometidos a trabajar con todas las partes para promover una solución equilibrada".
Tanto la ley SOPA como la PIPA vendrían a dar al gobierno la potestad de cerrar cualquier tipo de web que consideren "sospechosa" de tener cualquier tipo de material con copyright, enlaces a contenidos protegidos con derechos de autor e, incluso, cualquier página que consideren que "facilite, promueva o permita la infracción de copyright". Como es obvio, este proyecto de ley se ha topado de frente con una gran oposición por los evidentes riesgos a la libertad de expresión (países como China, Siria o Irán usan el mismo sistema de bloqueo de webs), pero también de cara a las dificultades que se le pondría a la creación de nuevas empresas y start-ups, pues se crearía una gran inseguridad jurídica al no haber ni jueces ni garantías legales en este sentido.
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